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La síndica y dos regidoras denunciaron opacidad, improvisación y una estructura de salarios que favorece a funcionarios de primer nivel por encima de los propios ediles
REDACCION
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Ozumba la aprobación del presupuesto municipal 2026 no solo dejó cifras sobre la mesa, sino una fractura política que evidenció la incapacidad del gobierno local para conducir un proceso transparente y técnicamente sólido.
En la sesión 59 de Cabildo, la síndica Leticia Arenas Galván y las regidoras Dominga Sánchez Valencia y Verónica Castro Castillo, rompieron abiertamente con el alcalde Ricardo Valencia, acusándolo de encabezar un ejercicio presupuestal opaco y desordenado.
El proyecto, por un monto de 240 millones de pesos, fue entregado a los integrantes del Cabildo apenas cuatro días antes de su votación, sin la documentación completa que exige la normatividad vigente. Las ediles denunciaron que la información carecía de tabuladores detallados, proyecciones claras y programas anuales de adquisiciones, lo que imposibilitó un análisis serio y responsable.
Más grave aún, señalaron una estructura salarial que rompe cualquier criterio de proporcionalidad. Mientras el contralor general recibirá más de 822 mil pesos anuales, una regidora apenas supera los 597 mil, pese a que ambas figuras forman parte del máximo órgano de gobierno municipal. A ello se suman casos de coordinadores con ingresos superiores a directores y asesores mejor pagados que titulares de áreas operativas, reflejo de una administración sin rumbo ni control interno.
Las incongruencias también alcanzan los fondos y programas presupuestales, donde se detectaron diferencias entre lo publicado y lo proyectado, sin explicación oficial. Pese a los señalamientos, el bloque afín al alcalde impuso seis votos para aprobar el dictamen.
El resultado deja en evidencia un gobierno municipal más preocupado por blindar privilegios que por responder a las carencias de la población, trasladando el costo de la mala gestión a las familias de Ozumba, que siguen esperando servicios eficientes y un uso responsable de los recursos públicos.
