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Investigación revela posible triangulación de millones de pesos del INVI para precampaña presidencial, afectando recursos destinados a vivienda social
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Un presunto desvío de 10 millones de pesos del Instituto de Vivienda del Estado (INVI) para financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández sacude a Baja California Sur. De acuerdo a una investigación periodística, apunta a que entre 2022 y 2023 recursos etiquetados para vivienda social habrían sido triangulados para apoyar la aspiración interna del entonces contendiente de Morena.
Se reveló que el esquema habría operado tras el espaldarazo público que el 5 de noviembre de 2022 dio el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío a López Hernández. A partir de entonces, según el testimonio de Javier Ramírez, ex tesorero del INVI, comenzó una presunta red de solicitudes de dinero desde la estructura estatal.
El señalamiento involucra a la ex titular del INVI, Fernanda Villarreal; al ex secretario de Gobierno y hoy senador, Homero Davis; y al ex director de Finanzas, Juan Manuel Reyes, además de al menos seis operadores más. El ex funcionario asegura que en noviembre de 2022 se solicitó un primer millón de pesos; posteriormente, dos millones más previo a una reunión en Ciudad de México.
Para 2023, ya bajo el eslogan “Sigue López”, las peticiones habrían escalado: entre febrero y junio se habrían solicitado siete millones adicionales, en montos fraccionados de entre uno y dos millones de pesos mensuales.
Según la testimonial entregada a la Fiscalía Anticorrupción estatal en mayo de 2024, el modus operandi consistía en simular movimientos internos y transferencias a cuentas de particulares sin relación con el Instituto. Parte del dinero, presuntamente, se entregaba en efectivo a operadores conocidos como “Los Abuelos”.
La Fiscalía investiga desde 2024 un desfalco por decenas de millones de pesos mediante miles de transferencias bancarias. Los 10 millones señalados para la campaña formarían parte de esa presunta triangulación. La audiencia inicial contra dos ex directivos del INVI está programada para el 5 de marzo.
Aunque no existe, hasta ahora, imputación directa contra los senadores mencionados, el caso ya encendió a la oposición. El PAN exigió esclarecer los hechos y advirtió que los programas sociales no pueden convertirse en “caja chica” electoral, sobre todo en un estado con déficit superior a 25 mil viviendas.
La investigación coloca al gobierno de Baja California Sur en el centro de un escándalo que podría tener repercusiones nacionales, al evidenciar cómo estructuras estatales se habrían puesto al servicio de intereses políticos internos, debilitando la transparencia y el destino social de los recursos públicos.
