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Secretarios de juzgado acusan hostigamiento por parte de una jueza en Coahuila, mientras trabajadores del Poder Judicial Federal alertan sobre reducción salarial por eliminación de prestaciones
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– Trabajadores del Poder Judicial Federal enfrentan un escenario de creciente tensión laboral, marcado por denuncias de acoso institucional y recortes en sus percepciones salariales. En Coahuila, tres secretarios de un juzgado federal denunciaron haber sido retenidos contra su voluntad y hostigados de forma sistemática por una jueza, mientras que a nivel nacional personal del Poder Judicial acusa una reducción directa en su salario.
El pasado 5 de enero, José Clemente Domínguez Sánchez, Jhoanna Arreola y Moisés Alberto Basurto Morales, secretarios del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar en Saltillo, fueron retenidos en el estacionamiento del juzgado minutos después de concluir su jornada laboral, presuntamente por órdenes de la jueza Esthela Pedroza Díaz. Los trabajadores señalaron que el acto constituyó una privación ilegal de la libertad y ocurrió cuando se les intentó obligar a firmar documentos fuera de horario.
Los afectados denunciaron que desde la llegada de la jueza, en mayo de 2025, comenzaron actos de acoso laboral, descalificaciones públicas, burlas personales y cuestionamientos constantes a su capacidad profesional. Aseguran que estas conductas derivaron en afectaciones graves a su salud mental.
Este contexto se suma a la inconformidad expresada por trabajadores del Poder Judicial Federal a nivel nacional, quienes denunciaron una reducción en sus ingresos tras la supresión del apoyo de traslado, prestación integrada a su salario. El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal advirtió que esta medida vulnera derechos laborales adquiridos y contradice lo establecido en la reforma judicial, que garantiza la intangibilidad de las percepciones.
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal exigió la restitución inmediata de la prestación eliminada y advirtió que, de mantenerse las violaciones sistemáticas, podrían recurrir a una huelga.
