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El cierre de 189 pozos ilegales en 48 municipios del Estado de México, provocó que los operadores incrementaran sus tarifas hasta en 200%, afectando a las familias
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La reciente clausura de casi dos centenares de pozos irregulares en el Estado de México ha desatado una nueva crisis: el encarecimiento del agua distribuida por pipas. Familias, comerciantes e industrias han visto cómo el costo del vital líquido se dispara, mientras la demanda aumenta ante el desabasto.
La operación, ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo el nombre Caudal, abarcó 48 municipios y resultó en el cierre de 189 puntos de extracción ilegal. Sin embargo, la medida que buscaba combatir el robo de agua ha derivado en una consecuencia inesperada: los piperos elevaron sus precios hasta tres veces más, generando molestia entre la población y acusaciones de lucro ante la necesidad.
En Toluca, el alcalde Ricardo Moreno Bastida advirtió que los precios del agua se han disparado sin control. “Estamos viendo un abuso descarado. Hay piperos que están cobrando mil pesos por una pipa, y nadie sabe si el agua que venden es realmente segura. Hay quienes siguen extrayendo del subsuelo sin permisos. Es evidente que todavía hay pozos clandestinos”, declaró el edil.
En distintas colonias, el malestar es evidente. “Antes pagábamos 300 pesos y ahora quieren 900. Nos dicen que no hay agua y que todo subió, pero la verdad es que se están aprovechando de la necesidad de la gente”, protestó la señora Teresa Alvarado, vecina de la colonia San Buenaventura. Otro habitante, Martín Juárez, quien tiene un taller mecánico, lamentó: “Sin agua no podemos ni limpiar piezas ni atender clientes. A este paso, tendremos que cerrar”.
Las autoridades estatales han convocado a mesas de diálogo con representantes de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Conagua y los municipios afectados para encontrar mecanismos de regulación y frenar la especulación. Hasta el momento, únicamente 11 de los 189 propietarios de pozos clausurados se han presentado ante la Fiscalía para regularizar su situación.
