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Las quejas apuntan directamente al secretario José Luis Kuri y al coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar
Redacción
Comerciantes y empresarios dieron a conocer denuncias de cobro de piso y de extorsión dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Las quejas apuntan directamente al secretario José Luis Kuri y al coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar. Este último señalado en la denuncia presentada por el empresario restaurantero Julio César Luna, antes de ser asesinado en abril pasado, por intentar clausurar su negocio sin contar con atribuciones legales para hacerlo.
Estas acusaciones están asentadas en el expediente 27210/2025 que se suman a otras que se han documentado como denuncias formales contra Kuri y colaboradores.
En marzo pasado, se dio a conocer la primera una acusación que vinculaba a José Luis Kuri con una estructura de cobro de piso —“El Sindicato”— junto con el director de Tránsito, Lorenzo Pruneda de León.
Ante esto, del municipio negaron que una red de extorsión funcionara dentro de su gobierno y sostuvieron que no había denuncias federales ni estatales al respecto. Sin embargo, días después el exalcalde Mauricio Fernández reconoció que les habían “metido un gol” y removió de su puesto a Pruneda de León.
Pero se sabe que todo se suma al clima de alerta generado tras el fallecimiento del expresidente municipal Mauricio Fernández Garza, dejando como sucesor al suplente municipal Mauricio Farah.Incluso, desde el gobierno afirmaron que Fernández mantenía a Kuri para evitar revelar una crisis institucional y que Martínez Huizar figura en al menos cuatro procesos judiciales por abuso de confianza y fraude, además de ser señalado en casos de extorsión y abuso sexual.
Mauricio Fernández Garza ejerció la alcaldía de San Pedro cuatro veces y falleció en septiembre de 2025 dejando a Mauricio Farah como alcalde sustituto.
En su trágico adiós, medios rememoran que su empeño por “mano dura” abrió paso a crisis no resueltas en seguridad como el caso de las denuncias por extorsión y el aumento sustancial en el delito de robo a casa habitación. En este sentido, se infiere que el C4 municipal podría estar controlado por grupos de la delincuencia organizada, ya que se han negado a compartir los videos con la Fiscalía del Estado.
Si bien las acusaciones aún deben corroborarse legalmente, varios elementos ya figuran en el debate por la existencia de denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Nuevo León. Además de las reacciones gubernamentales por las actuaciones en Seguridad municipa
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