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Con la llegada de juzgadores elegidos por el voto popular, el personal ha reportado renuncias voluntarias, desorden en las instituciones, además de casos de hostigamiento
Omar Montalvo
Ciudad de México. – La renovación de cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) con juzgadores electos por el voto popular, en las últimas semanas ha provocado el debilitamiento de sus organismos debido a despidos y renuncias por su personal en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa.
La entrada de nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a principios de septiembre provocó una reducción del 26 por ciento de secretarios en la máxima corte. La segunda institución que ha presentado más bajas es el PJF en Veracruz, dónde los trabajadores de confianza fueron notificados del despido, a pesar de que la reforma que motivó la elección judicial prometió que no habría bajas en la base laboral.
En Veracruz los trabajadores despedidos pertenecieron a funciones administrativas y que trabajaban en la resolución de expedientes. Tras una semana de estas notificaciones por la baja de empleados, los afectados dieron a conocer que en una carta, la magistrada Antonia Feria, solicitó este movimiento al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que el motivo es la falta de confianza.
En Sinaloa el colectivo 32 Circuitos Unidos denunció que desde el pasado 17 de septiembre, los nuevos juzgadores empezaron a violar los derechos laborales, dónde la jueza Delia Quiroa del juzgado de distrito en Sinaloa ordenó a los trabajadores del PJF en el estado a presentar sus renuncias.
La baja de personal también se ha presentado mediante renuncias, no sólo del personal administrativo del PJF, sino por jueces como en Tamaulipas, dónde primero renunciaron cuatro y después tres, presuntamente por motivos personales. Sin embargo, este desorden institucional, también ha motivado a trabajadores a renunciar. Mientras que en Durango, una situación similar ocurrió con la renuncia de un juez, pero que era candidato único, por lo que el Poder Judicial tuvo que nombrar a un aspirante que no llegó a concretar su candidatura debido a que no reunió los requisitos para contender.
