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La alcaldesa acumula detractores por el incumplimiento de compromisos en materia de servicios básicos y transporte, resaltando una violencia que sigue en aumento
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
A nueve meses de iniciado su segundo mandato, la presidenta municipal de Donato Guerra, María del Carmen Albarrán Gabriel, enfrenta fuertes críticas por las deficiencias en su gestión y por el incumplimiento de promesas en materia de seguridad, servicios públicos y transporte.
Uno de los principales señalamientos recae en la inseguridad. Pese a los compromisos de dotar de patrullas y equipo a la policía municipal, los índices de violencia no han cedido. Homicidios, extorsiones y la portación ilegal de armas continúan afectando a la población, mientras la estrategia de coordinación con autoridades estatales y federales, luce ausente.
En materia de servicios básicos, persiste el desabasto de agua en comunidades como San Agustín de las Palmas, donde las familias siguen esperando obras que garanticen abasto suficiente.
Aunque se anunciaron estudios y foros, no se han construido pozos ni modernizado la infraestructura hídrica. El transporte también figura entre los pendientes: las rutas son limitadas, los costos altos y las obras realizadas no resuelven el problema de fondo.
A este panorama se suma la presión del crimen organizado. Habitantes denuncian que grupos delictivos influyen en los precios de insumos básicos, desde alimentos hasta materiales de construcción, sin que el ayuntamiento intervenga.
En mayo, autoridades estatales y federales aseguraron una casa de seguridad de La Familia Michoacana en la comunidad de Vicuaros, donde decomisaron vehículos con placas sobrepuestas, armamento y marihuana. También se registraron detenciones de presuntos integrantes del grupo, incluido un menor vinculado a un homicidio en Fundición.
Las operaciones se activaron gracias a denuncias ciudadanas sobre hombres armados y movimientos sospechosos, lo que evidenció la relevancia de la participación vecinal en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la reiterada presencia de células delictivas en el territorio mantiene bajo tensión la gobernabilidad municipal y alimenta las dudas sobre la capacidad de Albarrán Gabriel para garantizar seguridad y bienestar en Donato Guerra.
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