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* Nueve de cada diez delitos quedan impunes
* Contratos irregulares, y decisiones polémicas manchan al Máximo Tribunal
* Miles de carpetas quedaron sin una resolución judicial
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una de sus peores crisis. Rezago procesal, escándalos internos y decisiones cuestionadas han minado su credibilidad. De acuerdo con el Informe Estadístico 2024 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), existen más de 1.7 millones de carpetas sin resolución, mientras que 9 de cada 10 delitos denunciados no concluyen en sentencia condenatoria. “Es una justicia lenta, costosa y desigual”, alerta México Evalúa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tampoco ha salido bien librada. En 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibió irregularidades en contratos del Poder Judicial, incluyendo adjudicaciones directas por más de 500 millones de pesos. A ello se suman vínculos entre jueces y despachos privados, que generan sospechas de conflicto de interés. El rezago en tribunales penales, laborales y civiles es crítico: solo 1 de cada 10 casos de desaparición forzada llega a juicio; más de 350 mil juicios laborales esperan sentencia, y los procesos civiles y familiares superan los 18 meses de duración.
Las resoluciones de la Corte han encendido polémicas. En 2022 invalidó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, decisión aplaudida en círculos empresariales, pero vista por otros como una concesión a élites económicas.
En paralelo, el presupuesto del PJ para 2025 supera los 84 mil millones de pesos, pero sin un desglose en áreas clave como digitalización y combate a la corrupción, lo que alimenta percepciones de privilegio e impunidad.
Tras el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que terminó “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios y el nepotismo”. A partir del 1 de septiembre, con la renovación del Poder Judicial mediante elección popular, prometió “una transformación profunda”.
Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, confió en que con nuevos jueces, magistrados y ministros se atiendan casos de detenciones injustas: “Hay mucha esperanza en que, ahora sí, la justicia llegue a quienes más lo necesitan”.
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