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Acusan a líder nacional del PAN de exportar modelo de corrupción inmobiliaria a otras alcaldías; buscan 8 mmdp destinados a reparar vivienda tras el sismo de 2017
POR JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Congreso capitalino anunció la creación de una comisión especial para investigar el desvío de recursos del Fondo para la Reconstrucción de 2017 y las operaciones ilícitas del llamado Cártel Inmobiliario, encabezado por el panista Jorge Romero.
La vicecoordinadora de Morena en el Congreso local, Brenda Ruiz, a pregunta expresa de Diario Basta señaló que la indagatoria se realizará en coordinación con diputados federales de su partido. El grupo liderado por Romero Romero Herrera, generó un daño estimado en 7 mil millones de pesos en Benito Juárez y participó, junto con Leonel Luna (fallecido el 14 de marzo 2021), y Mauricio Toledo, en la desaparición de 8 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el sismo de 2017. “Los panistas responsables de esta organización criminal siguen libres. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que todos los involucrados estén tras las rejas, como ya ocurrió con el exdelegado Christian Von Roehrich”, advirtió Ruiz durante La Chilanguera. Recordó que, en noviembre pasado, Morena presentó un punto de acuerdo para que se investigara a Romero, a quien acusó de exportar su modelo de corrupción inmobiliaria a otras alcaldías como Miguel Hidalgo y Tlalpan. “Los integrantes del Cártel Inmobiliario son promotores de la gentrificación y del encarecimiento de la vivienda en la capital”, afirmó.
La vicecoordinadora morenista detalló que la comisión analizará el manejo irregular de recursos en la alcaldía Benito Juárez, la asignación ilegal de permisos de construcción y la desaparición de expedientes clave. En San Lázaro, recientemente se presentó un punto de acuerdo para investigar el caso desde el ámbito federal, por lo que se coordinarán acciones en ambos congresos.
Para combatir la corrupción urbanística, en 2024 la Ciudad de México, tipificó como delito la corrupción inmobiliaria, para sancionar a funcionarios y desarrolladores que lucren con permisos ilegales y el uso indebido de recursos públicos.
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