Visitas
La crisis de derechos humanos en el país permite que mujeres sean torturadas para aceptar la culpa de delitos no cometidos y hasta la muerte por castigos constantes en reclusión.
Por Omar Montalvo
Grupo Cantón
Ciudad de México. – Distintas autoridades conmemoran el Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la tortura, aunque este crimen es común entre funcionarios de Fiscalías y Centros Penitenciarios, por mencionar algunos espacios dónde constantemente llegan a organizaciones no gubernamentales víctimas y familiares que buscan justicia por las agresiones.
La organización Documenta en el marco de este día, alertó que aún persisten altos niveles de impunidad, lo que refleja una crisis de derechos humanos ya que en las últimas cifras de 2023 del Observatorio contra la Tortura en 4 mil 249 carpetas de investigación por tortura, el 44 por ciento de los incidentes involucraron a autoridades de las fiscalías como responsables.
Uno de estos casos le ocurrió a July Raquel, una víctima de tortura que acudió a distintas instancias para exigir justicia por la tortura que vivió. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez (Centro Prodh), junto con familiares de la afectada, intervinieron para exigir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promoviera la investigación por tortura sexual.
Fue detenida en 2020 por policías ministeriales de la Fiscalía de Veracruz (FGEV) y de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para ser incriminada por un homicidio. En el traslado a Xalapa que duró más de nueve horas, fue sujeta a tortura física y sexual. El mismo año sus familiares pidieron la intervención de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), pero el caso fue atraído por la CNDH. En prisión preventiva siguió víctima de tortura para ser forzada a declararse culpable por el asesinato de la exrectora de la Universidad de Valladolid en Xalapa, aunque hay pruebas de que July Raquel no cometió el crimen.
Desde 2021 el Centro Prodh acompañó el caso, proceso en el que solicitaron el Protocolo de Estambul que se otorgó con retraso, en el que se confirmaron secuelas psicológicas por tortura. A pesar de que la CNDH acreditó el crimen, July Raquel fue condenada a 60 años de prisión sólo con las confesiones obtenidas por tortura. Los familiares han seguido en la lucha legal, aunque también han comunicado su desgaste físico, moral y económico.
Por su parte a través del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (Caifam) de la organización Documentado casos de tortura en centros penitenciarios. Olga es una madre que acudió a Caifam para exponer su caso, dónde contó que su hijo en reclusión federal fue torturado por los custodios, por los internos al denunciar la extorsión entre presos y finalmente fue acusado por un robo a una practicante de derecho en Servicios Sociales. Olga promovió una investigación, cuando se percató que era una práctica común con madres que perdieron a sus hijos por tortura.
Al respecto, Lucía Alvarado como coordinadora de Caifam, señaló que la sociedad ve normal el maltrato de las personas en reclusión “por desconocimiento la gran mayoría de los familiares no hacemos absolutamente nada y creemos que en esos espacios tiene que ser maltratada una persona más allá del hecho de ponerlo en prisión”.
TE PUEDE INTERESAR
