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Por Juan R. Hernández
En la Ciudad de México, las motocicletas se han convertido en un instrumento recurrente para la comisión de delitos. La facilidad con la que los delincuentes escapan entre el tráfico, sumado al vacío regulatorio, exige respuestas inmediatas. Así lo expuso el diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN), presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso local, durante el foro “Reforma en materia de regulación del uso de motocicleta para evitar su uso en la comisión de hechos delictivos”. No es casual: esta comisión ha recibido diez iniciativas de reforma, reflejo de una preocupación social que crece al mismo ritmo que las cifras de inseguridad.
El problema es evidente. Sólo en el primer trimestre de 2025 se denunciaron 754 robos de motocicletas, un 18 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Más alarmante aún: en seis de cada diez robos violentos perpetrados este año, las motocicletas estuvieron involucradas. ¿Cómo hemos permitido que un vehículo tan útil en lo cotidiano derive en una herramienta de violencia? La respuesta está, en buena medida, en un marco normativo obsoleto. Como lo subrayó el diputado federal Miguel Ángel Guevara Rodríguez (PAN), la última actualización en la materia data de 1995, un rezago inaceptable ante la sofisticación del crimen actual.
La falta de un registro confiable, la proliferación de placas clonadas, la venta descontrolada de motocicletas y la eliminación de normas que regulaban aspectos tan básicos como el uso de cascos, configuran un escenario propicio para la ilegalidad. La urgencia de una reforma integral no admite más dilaciones.
Pero mientras la agenda de seguridad busca contener el uso ilícito de motocicletas, en el ámbito económico emerge una apuesta por el desarrollo productivo. Fernando Coca, coordinador económico del Bienestar del Estado de México, presentó la iniciativa Hecho en México, enfocada en impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas. Con acceso a créditos preferenciales a través de Nafin, inclusión en ferias, plataformas digitales y catálogos de proveedores, este programa busca fortalecer la manufactura nacional y abrir nuevos mercados.
Ambos temas, aunque distintos, comparten un eje: la necesidad de actualizar el marco institucional para responder a los desafíos actuales, ya sea para frenar el delito o para promover el desarrollo económico. No se puede seguir legislando con normas del siglo pasado en un país que demanda respuestas del siglo XXI.
