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Por Juan R. Hernández
Por más que intenten disimularlo, algunos funcionarios públicos siguen utilizando los recursos y programas institucionales para su lucimiento personal. El caso más reciente es el del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunciado por legisladores de Morena ante la Fiscalía capitalina y el Instituto Electoral local, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
La acusación no es menor: se le señala de financiar la difusión de su imagen a través de revistas políticas y un espectacular en plena zona poniente de la capital, usando incluso los colores del PAN y el logotipo del programa “Blindar MH”.
Más allá de si proceden o no las denuncias, lo cierto es que este tipo de prácticas reviven el viejo vicio del funcionario que convierte la política pública en trampolín electoral. La seguridad no debería prestarse a la propaganda ni mucho menos a la vanidad.
Y si de engaños hablamos, otro caso que amerita atención es el de la Lotería Nacional, que ha emitido una alerta urgente por el uso ilegal de su imagen institucional en redes sociales. Bajo nombres como “Sorteos Nacionales MX” o “Casino Nacional”, estos perfiles —operados desde Polonia y Ucrania— han estado estafando a usuarios con supuestos sorteos y plataformas de apuestas. Detrás de la fachada, lo único real es el fraude.
Urge que las autoridades actúen con contundencia: tanto contra quienes abusan de los cargos públicos para promoverse, como contra los ciberdelincuentes que se aprovechan de la buena fe ciudadana.
La vigilancia institucional y la ética pública no son optativas: son una exigencia democrática.
