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Debería ser un escándalo, pero las cosas, situaciones, personas y corrupción ya han rebasado nuestra capacidad de asombro, y es el caso del descubrimiento que la CONAGUA denunció durante una mañanera y que se relaciona con César Duarte. La descarada protección de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos hacia el exgobernador, ha llevado a que los procesos en su contra se detengan, ralenticen o simplemente sean desestimados por los legisladores estatales, devolviéndole sus múltiples propiedades y cuentas que habían sido congeladas, luego de confirmarse su participación en la llamada Operación Safiro (así con “S”) en la que se documentaron desvíos millonarios de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y Milpa Alta; el reporte indica que Chihuahua, durante el gobierno de Duarte, desvió 246 millones del erario público. ¿Qué pasó con eso y los demás involucrados?… eventualmente cada uno de los procesos en su contra fue “desestimado” por la corte, como todavía suele hacerse, con procedimientos poco claros. Sin embargo, la operación de Duarte quedó perfectamente acreditada. Refugiado en el estado y bajo la protección de la gobernadora, que le reintegró sus propiedades, entre ellas, el rancho “El Saucito”, supuestamente asegurado a César Duarte por la fiscalía local desde 2017, una propiedad de 4,300 hectáreas; en 2018, un tribunal colegiado le negó a Duarte en definitiva un amparo y hasta el 2020 se agotaron los recursos , sin embargo, tuvieron que pasar 5 años para que CONAGUA, ya con la nueva administración procediera a intentar demoler cinco represas y una presa, pero de nuevo, fueron detenidos por una jueza federal con un amparo que, según cuenta el abogado de Duarte, no fue promovido por ellos, sino por “ejidatarios afectados”. 700 mil metros cúbicos que criminalmente eran retenidos por Duarte en un estado con fuertes problemas hídricos.
Así, entre laberintos legaloides, promoción de amparos por “terceros afectados”, y franca protección estatal, Duarte se pasea libremente por el estado, seguro de que las múltiplescausas penales que tiene en su contra, están bien resguardadas en manos de los jueces al servicio de la gobernadora.
La corrupción solapada por los gobiernos locales es ya una costumbre en el pago de favores a políticos y empresarios, ya nada nos sorprende, esperamos que, con el relevo en el poder Judicial, las cosas, poco a poco cambien.
Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
