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Del total de personas sin sentencia, el 44.3% se encuentra en prisión preventiva oficiosa y el 32.5% en preventiva justificada.
POR JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México, más de 86 mil personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia, lo que representa el 37.3% del total de la población penitenciaria, según datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario 2024 del IINEG. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que este rezago no solo viola garantías fundamentales, sino que también perpetúa un sistema judicial rebasado, lento e ineficiente.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, reveló que en muchos centros penitenciarios prevalece el hacinamiento, la falta de personal, deficiencias médicas y ausencia de programas de reinserción social. De los 132 mil 965 reclusos registrados en 2024, más del 40% carece de sentencia, lo que en muchas ocasiones los mantiene más tiempo tras las rejas del que hubieran purgado con una condena.
SOBRECARGA DE TRABAJO
Este estancamiento se debe, en gran medida, a la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y tribunales. En 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió más de 1.2 millones de sentencias, y los poderes judiciales estatales otras 775 mil, un aumento significativo, pero insuficiente ante el ritmo de ingreso de nuevos casos. Tan solo el CJF recibió más de 16 mil causas penales nuevas el año pasado, y aunque logró concluir 14 mil 873, el embudo judicial persiste.
A ello se suma una baja proporción de jueces frente al volumen de expedientes, la escasez de defensores públicos, y en algunos estados, condiciones precarias de operación. En 2024, once sistemas penitenciarios estatales reprobaron en las evaluaciones de la CNDH, con calificaciones entre 4.94 y 5.98, lo que evidencia fallas estructurales.
Casos paradigmáticos como el de Israel Vallarta —detenido desde 2005 sin sentencia y con graves denuncias de tortura— ilustran cómo el sistema puede extenderse indefinidamente, afectando derechos humanos y distorsionando el principio de presunción de inocencia.
Del total de personas sin sentencia, el 44.3% se encuentra en prisión preventiva oficiosa y el 32.5% en preventiva justificada, medidas cautelares que, lejos de ser excepcionales, se han convertido en regla. La falta de una revisión periódica de estas condiciones agrava la situación de quienes están atrapados en un limbo legal.
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