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‘No me declaro culpable de algo que no hice’: preso desde hace dos años clama justicia

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Exige justicia e imparcialidad, pues afirma se violaron sus derechos: pruebas ignoradas, procesos viciados y una condena mediática

JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Luna Guerra lleva dos años en prisión, acusado de un delito que asegura no cometió. En lugar de optar por un procedimiento abreviado, en el que se acepta la culpabilidad sin prueba alguna y así obtener una baja condena; decidió enfrentar un juicio ordinario, convencido de que la verdad saldría a la luz.

“Elegí no someterme al abreviado porque soy inocente. Lo hice por el amor a mis hijos, para limpiar mi nombre y porque no acepto declararme culpable de algo que no hice”, afirma en entrevista con Diario Basta.

Sin embargo, su lucha por demostrar su inocencia se ha topado con lo que él describe como un sistema judicial que viola sus derechos: pruebas ignoradas, procesos viciados y una condena mediática antes de que se dicte sentencia.

“Llevo dos años privado de mi libertad sin que se me permita una defensa adecuada, sin que se reciban mis pruebas, sin que se haya probado mi culpabilidad y sin una sentencia justa”, denuncia.

Uno de los aspectos más dolorosos para él es el daño a su relación con sus hijos.

“Buscan borrar mi imagen ante ellos con acusaciones sin sustento”, relata.

Además de enfrentar un proceso penal, ha sido arrastrado a múltiples juicios: familiares, penales e incluso una demanda laboral en su contra por más de 500 mil pesos, junto con una exigencia de pensión alimenticia de 200 mil pesos mensuales.

Ante ello, el hombre envió una carta dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que Luna Guerra señala a las autoridades que, según él, han obstaculizado su derecho a un juicio justo: la jueza Juana Erika Ordóñez Salazar, del Juzgado Noveno Oral en Materia Familiar de la CDMX; el juez Ismael Alcántara Vázquez, de la Unidad de Gestión Diez; los jueces Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, de la Unidad de Gestión Dos; y la magistrada María del Rocío Morales Hernández, de la Segunda Sala Penal.

Acompaña su petición con documentos que, afirma, respaldan su inocencia: un dictamen sobre sustracción de menores, demandas de patria potestad y pensión alimenticia, así como denuncias por violencia en su contra.

“Señora Presidenta, le pido justicia para alguien que solo ha dedicado su vida al estudio, al trabajo y a la formación profesional”, clama. “Que se revise mi caso con objetividad, sin prejuicios. No pido privilegios, solo un juicio imparcial”.

Su historia refleja una batalla legal y emocional que, insiste, no es solo suya, sino de muchos hombres atrapados en un sistema que, en su opinión, los presume culpables desde el inicio.

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