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- Biomix fue la primera compañía inhabilitada por irregularidades
- Renegocian compra de medicamentos con rebaja de 30%
- Interpondrán denuncia en FGR por falsificación de documentos
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- El Gobierno federal mantiene abierta una investigación contra 16 empresas farmacéuticas por presuntas irregularidades en licitaciones de medicamentos e insumos médicos, que van desde sobreprecios hasta la falsificación de documentos y el incumplimiento en entregas.
Desde Palacio Nacional, la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, reveló que la empresa Biomix ya fue inhabilitada, mientras que otra más enfrentará acciones legales por adulterar documentación oficial de la Cofepris. Además, 59 proveedores están bajo revisión por incumplir contratos.
“Detectamos anomalías en más de 600 claves durante los procesos de licitación. Tenemos identificados a los responsables y la FGR ya trabaja en las sanciones correspondientes”, indicó Buenrostro, quien señaló que las compras consolidadas fueron suspendidas temporalmente para evitar mayor daño al erario.
Pese al escándalo, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aseguró que el abasto está controlado. Tan solo en abril se distribuyeron 148 millones de piezas de medicamentos, sumando 435 millones en lo que va del año.
“Incluso los medicamentos oncológicos están fluyendo con normalidad”, afirmó.
No obstante, reconoció que 21 claves de tratamientos contra el cáncer registraron sobreprecios que ya fueron renegociados con una reducción promedio del 30%. Un caso revelador fue el de un proveedor que ofrecía un insumo en 20 mil pesos y terminó vendiéndolo en 4 mil, lo que confirmó las sospechas de inflación de precios.
Clark adelantó que en los próximos días se firmarán nuevos contratos con proveedores que cuenten con historial de cumplimiento. Mientras tanto, se da prioridad a la adquisición de medicamentos urgentes.
Organizaciones civiles exigieron mayor transparencia y garantías para que estas irregularidades no se traduzcan en afectaciones a los pacientes. El gobierno, por su parte, aseguró que este proceso busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector salud, sin comprometer el acceso oportuno a tratamientos médicos.
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