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Expertos advierten que esta situación podría estar replicándose en otras zonas con características similares, donde la escasez del recurso se agrava por particulares
REDACCION, GRUPO CANTÓN
Una red clandestina de extracción de agua fue descubierta y desarticulada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Valle de Bravo, en un operativo sin precedentes que destapó el saqueo sistemático de recursos hídricos en una zona crítica para la conservación ambiental del Estado de México.
La intervención judicial, avalada por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, permitió asegurar diez presas irregulares instaladas dentro de una propiedad privada, colindante con un área natural protegida.
El despliegue fue producto de una acción conjunta en la que participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), técnicos periciales de la FGR, así como elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la policía estatal.
Durante las inspecciones realizadas en puntos estratégicos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Maltepec, Tilostoc y Temascaltepec, las autoridades no solo localizaron y clausuraron los sistemas de captación ilegales, sino que también incautaron 27 vehículos relacionados presuntamente con esta operación ilícita. Todos los bienes quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que ya abrió una carpeta de investigación por delitos ambientales.
Las presas clandestinas, construidas sin autorización, desviaban caudales esenciales para la región, provocando alteraciones en los flujos naturales de agua, erosión del terreno por remoción de tierra y un deterioro visible en la biodiversidad circundante. De acuerdo con los peritajes preliminares, los daños ecológicos podrían ser irreversibles si no se toman medidas correctivas urgentes en el lugar.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las investigaciones continúan, al tiempo de señalar, que el objetivo es dar con los autores intelectuales y operativos de este esquema de explotación que calificaron como “un atentado directo contra el equilibrio ambiental del Estado de México”.
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