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Por entramado judicial corrupto y bajo el uso faccioso de la perspectiva de género, lo encarcelan sin pruebas concluyentes
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- Antonio, conocido como “El Profe”, denunció haber sido víctima de un entramado judicial de corrupción que, asegura, le ha arrebatado a sus dos hijos —a quienes llama cariñosamente “los Ñoños”— bajo el uso faccioso de la perspectiva de género y sin pruebas concluyentes. Sus hijos, de 9 y 5 años, han sido sometidos a procesos dolorosos en fiscalías y juzgados, en vez de disfrutar de una infancia digna.
La historia, según narra a Diario Basta!, inició tras una disputa legal con su expareja “Adriana” (Se omite el apellido por cuestiones legales), respaldada por las abogadas Claudia Elena De Buen Unna y Aide González. Antonio, actualmente privado de su libertad, también acusa a un grupo de jueces —Juana Erika Ordóñez Salazar, Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote— de actuar con favoritismo y tener vínculos personales con la parte acusadora.
Uno de los puntos más graves es que, afirma, se le ha privado de la patria potestad sin pruebas ni sustento jurídico.
“La Jueza Novena Oral decretó la pérdida de mis derechos como padre sin considerar dictámenes periciales que me favorecían, incluso uno donde mi hijo asegura que todo fue inventado por su madre y un abogado”, señala.
Antonio también denunció una serie de irregularidades económicas que, asegura, han sido utilizadas para extorsionarlo. Entre ellas, mencionó pagos supuestamente pactados por casi un millón de pesos por una carpeta de violencia familiar, 1.5 millones por una acusación de abuso sexual, una pensión alimenticia de 200 mil pesos mensuales —que suma más de 7 millones a la fecha— y una demanda laboral por medio millón más.
Aseguró que detrás de estas acusaciones hay un intento de obtener beneficios económicos a cambio de su silencio y sumisión legal, bajo el amparo de una perspectiva de género mal aplicada.
“Se está abusando de una causa legítima para cometer injusticias, vender a mis hijos y mantenerme alejado de ellos. El sistema judicial ha fallado, y la fiscalía de violencia familiar y abuso sexual en la CDMX se ha prestado a la corrupción y al tráfico de influencias”, concluyó.
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