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Los involucrados son Alejandro Moreno por enriquecimiento ilícito; Cuauhtémoc Blanco por una violación y corrupción; además de los exlegisladores de BC Rubén Muñoz de Morena y Sonia Murillo del PAN
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- El diputado federal de Morena, Hugo Flores, quién preside la Comisión Jurisdiccional, dio a conocer que en San Lázaro se preparan para analizar las solicitudes para los procesos de desafuero hacia el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y del diputado morenista federal, Cuauhtémoc Blanco.
El caso de Moreno Cárdenas se trata de uno que se ha alargado. Tiene varios meses de trámite y durante la legislatura anterior 2021-2024 se mantuvo reservada la información, pero se sabe que está relacionada con las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche sobre el enriquecimiento ilícito que benefició al priísta cuando gobernó la entidad entre 2015 y 2019.
Los delitos que la Fiscalía le agrega a Alito Moreno para el presunto enriquecimiento ilícito son el posible tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero y fraude fiscal.
Durante las últimas semanas corrió una versión sobre el carpetazo a las denuncias que tiene el priísta, pero estos hechos corresponden a acusaciones anteriores a su gobierno estatal, por lo que las autoridades de Campeche dieron a conocer que el proceso sigue abierto.
En el caso de exfutbolista, se busca iniciar un proceso de desafuero ya que la Fiscalía de Morelos lo señala de tentativa de violación a su media hermana, Nadia Fabiola a finales de 2023.
Cuauhtémoc Blanco actualmente es diputado federal de morena y en el sexenio 2018-2024 fue gobernador de Morelos, periodo por el que las autoridades también lo vinculan a cuatro delitos de corrupción, dónde se encuentra el pago de 7 millones de pesos al Partido Socialdemócrata, que le permitió ganar la presidencia municipal de Cuernavaca entre 2015 y 2018.
A la lista se suman las solicitudes de desafuero que hizo la Fiscalía Anticorrupción de Baja California en 2023 para investigar a los entonces diputados federales Rubén Muñoz de Morena y Sonia Murillo del PAN.
En el caso de Muñoz Álvarez se le acusa de que antes de ser legislador, en el gobierno municipal de La Paz aprobó el cambio del uso de suelo a favor del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte; y a la panista Murillo Manríquez por permitir contratos millonarios ilegales mientras fue parte del gobierno de Carlos Mendoza (2015-2021).
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