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Un factor esencial para la proliferación de organizaciones del crimen organizado; las autoridades de Estados Unidos han denunciado este tráfico ante su sistema judicial
GUILLERMO CORTÉS
Ciudad de México.- En México la violencia vinculada al uso ilegal de armas de fuego ha representado un costo significativo en su erradicación, por lo que el Congreso estadounidense se ha pronunciado respecto a las leyes para erradicar este problema.
El contrabando de armas a gran escala, en su mayoría proveniente de Estados Unidos, ha sido identificado como un factor esencial para la proliferación de organizaciones del crimen organizado en México, costando en su combate hasta 450 mil millones de pesos, según datos oficiales.
Al respecto, las autoridades de Estados Unidos han denunciado este tráfico ante su sistema judicial, subrayando la importancia de abordar el origen de estas armas.
Recientemente, en Washington, legisladores demócratas en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos impulsaron un proyecto de ley para frenar el tráfico ilícito de armas de fuego que, desde territorio estadounidense, alimenta la violencia en México.
El “Stop Arming Cartels Act” (Ley contra Armar a los Cárteles) es la pieza central de este esfuerzo legislativo. Impulsada por los legisladores Joaquín Castro, demócrata de mayor rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, y Dick Durbin en el Senado.
Esta iniciativa, que responde a una larga demanda de los gobiernos mexicanos, es vista como un paso importante para enfrentar una de las principales fuentes de inestabilidad en la región, pues los legisladores estiman que entre 200,000 y 500,000 armas de fuego estadounidenses son traficadas a México cada año.
“Nuestras leyes de armas nutren un río de hierro de tráfico de arsenales que suministra a los cárteles de droga mexicanos”, declaró Durbin.
Según el legislador Castro, cuando se reúne con líderes de América Latina y el Caribe, la solicitud más común es “que Estados Unidos frene el flujo de armas hacia la región”.
Asimismo, el proyecto de ley busca prohibir la fabricación y traslado de rifles de calibre .50, los cuales se han vuelto armas de preferencia de los cárteles.
Sin embargo, aunque la propuesta de ley representa un paso significativo en el debate sobre el tráfico de armas, su futuro es incierto.
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