Visitas
El organismo que será eliminado, ha permitido que se entreguen permisos con información faltante, como no terminar inspecciones anuales, además del cobro de cuotas sin justificar
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- Las actividades que tiene designadas la Comisión Reguladora de Energía (CRE), institución que se plantea eliminar, están relacionadas a verificar el desempeño de concesionarios de gas, hidrocarburos y electricidad, pero los mismos funcionarios actúan con irregularidades en la entrega de permisos, inspecciones incompletas y cobros sin evidencia documental, por lo que se deben de iniciar sanciones, según indicaron los resultados de una investigación hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al término del tercer trimestre de este 2024, la ASF presentó los resultados de la auditoría 2022-0-45100-19-0085-2023, dónde se analizó el desempeño de la CRE durante 2021 y 2022. Se comprobó que siguen ocurriendo viejas prácticas como cobros en inspecciones anuales que representaron un ingreso de hasta 403 millones de pesos, pero que en varios casos no cuentan con un comprobante.
“Se atiende esta parte de lo observado, quedando pendiente evidenciar las acciones de los 69 casos restantes” señala la auditoría donde los casos no comprobados ascienden a 51 millones 456 mil pesos.
Una de las tareas principales de la CRE se sostiene en su Programa Anual de Visitas de Verificación (PAVV), pero en 2022 después de evaluar la cantidad de visitas que podría hacer el organismo, apenas y cumplió con la mitad de su meta “con el análisis de la base de datos de visitas de verificación realizadas en 2022 del área de petrolíferos, actas circunstanciadas e informes de visita de verificación, se constató que la entidad fiscalizada programó en el PAVV 290 visitas, de las cuales cumplió con 166 (57.2%)”.
Además, en los últimos años que ingresaron solicitudes para dar permisos de explotación energética, se detectó que hubo hasta 46 expedientes que se integraron con información falsa o incompletas al carecer de firmas, o aceptar documentos ajenos, por lo que se promovió iniciar las sanciones correspondientes.
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