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Espionaje, un hábito de los neoliberales

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  • De la masacre de Tlatelolco a Pegasus
  • Gobiernos gastaron millones en espionaje a políticos y activistas
  • Usaron aparatos del estado para ejercer represión en lugar de seguridad

JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

Durante décadas, los gobiernos neoliberales de México han invertido miles de millones de pesos en labores de espionaje contra políticos, activistas y ciudadanos considerados “opositores” al sistema. Desde la masacre de Tlatelolco en 1968 hasta los escándalos más recientes que involucran el uso de software de vigilancia avanzada, el espionaje estatal se ha convertido en una herramienta poderosa y, a menudo, abusiva.

Annie Pardo, académica y activista, fue vigilada por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1968 y 1977. La razón: su militancia en el Partido Comunista, su apoyo al Movimiento Ferrocarrilero y su participación en el Movimiento Estudiantil de 1968. Tras revelarse esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su indignación y anunció que solicitaría una investigación sobre las prácticas de espionaje ejercidas en contra de su familia.

“Hace poco, cuando estaba en la Jefatura de Gobierno, pedí al Archivo General de la Nación estos archivos; ahora pediré también los de mis padres y los míos. Mi madre participó en el movimiento estudiantil del 68, era profesora y estudiante de posgrado del IPN”, declaró.

Además de la madre de la presidenta, muchos líderes sociales y políticos críticos fueron blanco de espionaje. Entre ellos se encuentran figuras de la talla de Heberto Castillo, líder estudiantil del 68; Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD; al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su activismo en la izquierda. Los escritores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y Elena Poniatowska fueron espiados por sus críticas al gobierno.

Más recientemente, Carmen Aristegui y Denise Dresser, fueron observadas por el software Pegasus, adquirido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los archivos del espionaje muestran cómo la colaboración entre el Ejército y la DFS reforzó este aparato de vigilancia, mientras que los costos de espionaje alcanzaron los $500 millones anuales, sumados a adquisiciones millonarias como Pegasus, las cuales oscilaron los 26 millones de dólares anuales en licencias.

Estas estructuras, en teoría creadas para proteger la seguridad nacional, han sido usadas para el control político. Historiadores señalan que los antecedentes del espionaje en México se remontan a la Revolución Mexicana.

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