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Por Jorge Gómez Naredo
Durante años, una élite política y económica ha dominado el Poder Judicial. Lo considera un espacio suyo. Desde ahí, han perpetuado no sólo la corrupción, sino también la impunidad. Es en realidad el último reducto de poder que mantiene esa élite, pues ya no dominan el Poder Ejecutivo y, en el Legislativo, su influencia ya es mínima.
Por eso, cuando se anunció la reforma al Poder Judicial, esa élite prendió las alertas. Pero fue después de las elecciones del 2 de junio de este año cuando realmente se alarmaron, pues con la mayoría calificada de Morena, era un hecho que la reforma se aprobaría. Por ello, plantearon varias estrategias para impedirlo.
Primero, intentaron negociar, vía Norma Piña, con el Poder Ejecutivo. No les resultó. Después, como un acto de presión, decidieron parar toda actividad en juzgados y tribunales. No les funcionó. Y fue entonces que decidieron apostar por la anulación de la reforma.
Vía el PAN y el PRI presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta no debió admitirla, porque legalmente los partidos políticos no pueden presentar ese tipo de alegatos. Sin embargo, lo hicieron. Precisaban, pues, 8 voto de 11 ministros para anular la reforma. Pero ¿cuál fue su sorpresa que no pudieron obtenerlos? Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien inclinó la balanza, pues votó en contra de la anulación porque la consideró una aberración jurídica.
Un último intento de anularla fue la propuesta de que, en lugar de 8 votos, fueran 6 los necesarios para proceder con la ilegal anulación. Ante esta propuesta, dos ministros más decidieron votar en contra, pues era demasiada la ilegalidad en la que incurrirían.
Así pues, la élite que se creía dueña del Poder Judicial perdió todas las batallas, y la reforma va. El próximo 1 de junio de 2025 se celebrarán elecciones para elegir a jueces, ministros y magistrados. Es, sin duda, una victoria del pueblo.
