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Fiscalía señala que titular de SCG negó daños provocados por el Cártel Inmobiliario en casas de habitantes de Benito Juárez
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- Algo que han afirmado algunos de los afectados del llamado Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, es que uno de los principales protectores de los funcionarios involucrados en el esquema de corrupción es Juan José Serrano, titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG), a quién la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya investiga por el delito de prevaricación y retardo de justicia.
El afectado Ricardo Guerrero, recientemente fue notificado por la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos del inicio de una carpeta de investigación en contra de Serrano Mendoza. La Contraloría, que el denunciado ha dirigido desde el sexenio 2018-2024, en las ocasiones que el ciudadano, solicitó la intervención de la institución, la SCG negó que existieran daños a su patrimonio por una construcción ilegal colindante.
“Después de haber denunciado en cinco ocasiones los daños que generó un edificio a una casa y la destruyó, la Contraloría siempre dijo que los daños no existían. Es lo mismo que les hacen a todos los vecinos para que nunca haya culpables”, expresó el habitante de Benito Juárez.
En su caso, un edificio ubicado en la colonia Américas Unidad de la demarcación BJ, no respetó los límites de separación entre colindancias que marca el Reglamento de Construcción vigente en la Ciudad de México, un lineamiento que busca prevenir el roce entre inmuebles durante la actividad sísmica.
Presuntamente el Contralor seleccionó a los funcionarios de la SCG para revisar el caso de Ricardo Guerrero. La contraloría con sus dichos oficiales sobre la inexistencia de daños, se hizo cómplice de la alcaldía, ya que el afectado promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX que confirmó que los daños hacen responsable a la alcaldía Benito Juárez, mientras gobernó Santiago Taboada (2018-2023), por no suspender la obra, y después permitir su uso y ocupación.
“Prevaricación es un delito, y es la acción de dictar una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia, y por esta razón, en nuestra alcaldía hay miles de afectados que nunca han tenido justicia, claro está, a menos que se sea millonario o servidor público” agregó el afectado de la demarcación.
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