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Sanciones van de la inhabilitación a la destitución de los servidores en la institución que presuntamente debe garantizar el cumplimiento de la ley
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.– Aunque existe un código de ética que debe cumplir al personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) son abundantes los casos internos en que las víctimas a través de denuncias. ponen en evidencia el acoso sexual y hostigamiento laboral.
En los últimos tres años se acumularon decenas de sanciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que es el órgano responsable de vigilar el desempeño de sus trabajadores.
Tan sólo entre 2020 y 2023, fueron emitidas por el CJF hasta 162 sanciones en contra de servidores públicos del PJF. De la cifra reportada a través de solicitudes de información, 53 de las sanciones se trataron de inhabilitaciones para desempeñar un cargo público por 10 años; 32 de las medidas fueron denominadas como suspensiones con un plazo máximo de un año para estar en su cargo actual; en 23 casos el castigo determinó como necesarias ordenar destituciones.
A pesar de que el CJF ordenó medidas en las que la víctima y el victimario tienen la posibilidad de no tener contacto, hasta en 54 de los casos se contemplaron únicamente amonestaciones privadas, públicas, apercibimientos privados y sanciones económicas.
Sin que el órgano vigilante del desempeño del PJF especificara, señaló que el principal motivo por el que se efectuaron las 162 sanciones, se debió a acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso de poder por el nivel jerárquico.
En este contexto altos funcionarios de la SCJN han presumido ante encuentros con varias universidades, la narrativa de que el PJF es una institución libre de acoso, cuando en la realidad son casos que permean en el organismo.
Los casos de violencia sexual y abuso de poder no son nuevos, pero en los últimos años cobraron relevancia por caos puntuales como en los juzgados de Chihuahua, Chiapas y Estado de México, estados donde se han revelado más incidentes por los relatos de víctimas, pero también por la denuncia que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hacia los colaboradores del ex ministro Arturo Zaldívar.
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