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Su intervención fue solicitada por una familia afectada por el esquema de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez
Omar Montalvo
El esquema de corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez, mejor conocido como “Cártel Inmobiliario”, ya se convirtió en un tema de relevancia internacional, ya que una de las familias afectadas solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ejerza presión a las autoridades mexicanas.
La población afectada, que fue parte del Comité Promotor de la Revocación de Mandato del entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dio a conocer el estatus sobre la demanda ingresada en noviembre de 2023. “Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la petición arriba citada, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva”.
El llamado “Cártel Inmobiliario” ha estado bajo la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), entre cuyos principales hallazgos se encuentra la participación de funcionarios y exfuncionarios de dicha demarcación, gobernada históricamente por políticos del PAN.
Entre estos destaca Jorge Romero, quien fue delegado de BJ. Las víctimas de daños inmobiliarios señalan al actual diputado federal como uno de los líderes del citado cártel, pero éste ha negado su relación con el mismo. Incluso, promovió un juicio de amparo para que no lo vincularan con las investigaciones.
Otro personaje señalado de encabezar el “Cártel Inmobiliario” es Santiago Taboada, quien fue alcalde de Benito Juárez en los trienios 2018-2021 y 2021-2024, y que promovió el mismo recurso legal.
Esta es la segunda ocasión en que el CIDH se ve involucrado con el “Cártel Inmobiliario”, pero la primera con las víctimas. En 2022, la familia de Luis Vizcaíno, exfuncionario de la alcaldía, solicitó apoyo de ese organismo por considerar que su vida corría peligro al ser ingresado al Reclusorio Norte.
Los vecinos afectados por los daños de construcciones colindantes, pérdida de su patrimonio y familiares, así como defraudación con departamentos adquiridos, señalan que pese a las investigaciones de la FGJCDMX, varias autoridades encubren a los panistas involucrados.
Algunas de las instituciones son el Tribunal de Justicia Administrativa capitalino y la Secretaría de la Contraloría General, debido a que tienen conocimiento de irregularidades en inmuebles de BJ, pero no promueven juicios.
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