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- Magistrados protegen los intereses de ricos
- Beneficiaron a García Luna y a Cabeza de Vaca
- Perdonan a Salinas Pliego el pago de 25 mmdp
Omar Montalvo
La iniciativa a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas busca hacer una purga a la corrupción que existe en las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ha beneficiado a políticos corruptos y empresas privadas saqueadoras.
Uno de los casos más recientes es el de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. El encargado de combatir la delincuencia fue declarado en 2023 como culpable en Estados Unidos por sus nexos con varios cárteles del narcotráfico en al menos cinco delitos.
En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación por el desvío de recursos y lavado de dinero, por lo que ordenó se congelaran sus cuentas y las de su esposa, como involucrada en el esquema. Mientras García Luna enfrentaba la justicia estadounidense, la SCJN ordenó a la UIF descongelar las cuentas de la cónyuge del exsecretario de seguridad.
La SCJN también demostró estar a favor de políticos relacionados con el narcotráfico en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó una orden de aprehensión en 2021 contra él por defraudación fiscal y delincuencia organizada. La SCJN tiró la orden de aprehensión, se deslindó del desafuero promovido en el Congreso de la Unión y delegó esta responsabilidad al Congreso local en Tamaulipas.
Asimismo, la empresa española Iberdrola pudo evadir una multa de $10 mil millones en 2023. Un juez de distrito suspendió esta infracción.
También durante 2023 el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, perdonó los adeudos de casi $40 mil millones de Grupo Elektra, empresa que ha evadido impuestos por varios años. Por este delito la empresa se hizo acreedora de una multa de $25 mil millones aproximadamente ante el SAT, que el propietario Ricardo Salinas, ha buscado impugnar.
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