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LA POBLACIÓN EXIGE QUE NO HAYA SESGOS, PERO LAS CONSTRUCTORAS PROMUEVEN UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL SOLAMENTE PARA SUS BENEFICIOS E INTERESES
OMAR MONTALVO
Desde antes que se sometiera a votación la aprobación de la nueva Ley Ambiental en el Congreso local, las asociaciones de pueblos y barrios originarios alertaron que las nuevas disposiciones relacionadas a las construcciones de impacto, permitirán en los próximos años una avanzada de proyectos inmobiliarios que atropellan derechos como ocurrió en Xoco con torre Mítikah.
La nueva ley incluyó la implementación del proceso de consulta vecinal para grandes proyectos, pero esta herramienta ha sido utilizada por las constructoras a su favor. La primera vez que se implementó una consulta vecinal fue en 2019 para atender las quejas del pueblo originario de Xoco. Incluso sus lineamientos fueron publicados en la Gaceta Oficial, donde se plantearon la realización de entrevistas, encuestas y reuniones con los habitantes afectados para llegar a una serie de acuerdos.
Además, al incluirse en la nueva Ley, se reduce el tipo de proyectos que pueden ser sometidos a consulta a aquellos que representan una construcción total de 50 mil o más metros cuadrados o a partir de desarrollos de más de 300 viviendas.
La exigencia del Frente es que, en lugar de las consultas vecinales, se ejerza el proceso de consulta previa, libre, informada y reconocida por los pueblos y barrios. Por esto, la nueva ley al incluir este mecanismo que favorece a las constructoras, pretende sustituir las consultas que por derecho tiene las comunidades.
En el caso de Xoco, la consulta vecinal hecha por la Secretaría de Medio Ambiente capitalino (Sedema) es considerada como una simulación debido a que la empresa Fibra Uno (FUNO), fue quien contrató a la consultora para retomar las opiniones del Consejo Vecinal Ciudadano, una organización creada por habitantes a favor de la mega obra.
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