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julio 04, 2024

CDMX

Los hermanos Mendoza hacen de las suyas en BJ

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Víctor fue funcionario de la demarcación y ahora cuenta con una ficha roja de la Interpol, por estar involucrado en el Cártel Inmobiliario

HÉCTOR QUEZADA

A pesar de que el alcalde electo de Benito Juárez, Luis Mendoza, no hizo campaña proselitista y está ligado al Cártel Inmobiliario, además de que su hermano Víctor es prófugo de la justicia por el mismo motivo desde abril de 2023, los habitantes de la demarcación decidieron darle su voto en los comicios del pasado 2 de junio.

Con su hermano al frente de la alcaldía panista, Víctor Mendoza gozará de impunidad y protección por lo menos durante los próximos tres años. Y es que este personaje cuenta con una Ficha Roja emitida por la Interpol, debido a que cuando era director general de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez -durante la administración de Santiago Taboada– fue acusado por pedir moches a las empresas constructoras, los cuales partían de 150 mil pesos para emitir los permisos para la edificación de complejos de departamentos.

Además, mediante estos cobros, las autoridades de Benito Juárez brindaban protección a los proyectos o permitían la construcción de más pisos a los permitidos en los edificios, con lo cual se violó la normatividad de desarrollo urbano y ahora representan un peligro en caso de sismo, debido a la pésima calidad de los materiales de construcción utilizados.

 

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) acusó a Víctor Mendoza del uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por un servidor público, así como asociación delictuosa, por lo que emitió una orden de aprehensión en su contra.

Según investigaciones, los hermanos Mendoza estuvieron ligados en la adquisición de departamentos en el complejo City Towers, donde el ahora edil electo obtuvo uno a través de la simulación orquestada por Víctor, quien autorizó el uso y habitabilidad del inmueble.

No obstante, quien será alcalde a partir de octubre ha expresado que se trata de una persecución política por parte del Gobierno de la CDMX en contra de él y su hermano.

Sin embargo, aunque ha dicho que cuenta con el contrato que avala la compra del departamento, el exdiputado federal no lo reportó en su última declaración patrimonial ante el Congreso de la Unión.

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