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La SCJN pretende liberar a 68 mil presuntos delincuentes en cinco de los estados más violentos del país lo que podría generar que haya represalias hacia los denunciantes o juzgadores
OMAR MONTALVO
Bajo el argumento de atender una orden internacional sobre los derechos humanos de las personas en reclusión dentro de territorio mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que pondrá a discusión una resolución para eliminar la prisión preventiva. La Secretaría de Gobernación que encabeza Luisa María Alcalde, advirtió que esto dejaría libres a 68 mil presuntos delincuentes.
De acuerdo con Alcalde Luján, la posible libertad expondría a las víctimas de los detenidos en prisión preventiva. El gobierno federal considera que se pondría en riesgo la seguridad de abogados, policías, víctimas y hasta juzgadores, por posibles represalias.
Los estados con más personas recluidas por la prisión preventiva son Estado de México con 21 mil 718 personas, Jalisco con 8 mil 8 mil 342, Veracruz con 4 mil 554, Michoacán con 3 mil 315 y Puebla con 3 mil 44. De liberarse los presos la figura jurídica en discusión, estos estados tendrían un posible incremento de mayor incidencia delictiva, ya que, de la población total en prisión preventiva, los acusados por homicidio ascienden a 11 mil 640, por secuestro 7 mil 150, por violación 5 mil 617, por narcotráfico y narcomenudeo 4 mil 13, por portación de armamento 3 mil 800, por feminicidio mil 405, por abuso infantil y corrupción de menores mil 273 y por delincuencia organizada 405.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en las cifras anuales de 2023, indican que el Estado de México es la cuarta entidad con más menores de edad víctimas de secuestro, encabeza los robos con violencia, extorsión, además que el 33 por ciento de delitos cometidos contra la libertad sexual en la entidad corresponden a violaciones.
El viernes pasado el Gabinete de Seguridad envió una carta a la SCJN para plantear las preocupaciones respecto a la posibilidad de invalidar la prisión preventiva oficiosa que impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes atrayendo riesgos evidentes. pic.twitter.com/e8Q1eIVajF
— Gobierno de México (@GobiernoMX) April 17, 2024
En Jalisco cerca del 25 por ciento de delitos cometidos hacia mujeres son feminicidios, el 97 por ciento de homicidios culposos se cometen por accidentes de tránsito; es el tercer estado con más menores de edad secuestrados; aproximadamente el 25 por ciento de delitos contra la libertad sexual son violaciones. Mientras que el 75 por ciento de robos a transeúntes y a negocio con violencia, se ligan a la presencia del narcotráfico con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La crisis de seguridad también está presente en Veracruz, dónde el ONC señala que siguen sin precisar las modificaciones en los datos oficiales sobre los casos de feminicidios anteriores a 2018. En este estado el 67 por ciento de homicidios hacia mujeres son feminicidios; también el 67 por ciento de homicidios culposos son por accidentes de tránsito; mientras que el 65 por ciento de robos corresponden a asaltos a transeúntes con violencia.
La resolución de la Corte que preside Norma Piña, busca atender de forma directa la indicación que hizo en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre adecuar las leyes mexicanas, ya que la figura jurídica de la prisión preventiva ha provocado que a diario se encarcelen hasta 300 personas durante los últimos 15 años. Esto se ha reflejado en el incremento de la población penitenciaria que se mantiene presa debido a la falta de un juicio que determine su situación. También la titular de la Segob criticó que la SCJN atrajo la orden del CIDH, ya que la primera autoridad que puede intervenir para eliminar la prisión preventiva es el Congreso de la Unión.
Según datos del INEGI, el incremento de la población penitenciaria ha rebasado las capacidades de un abogado de oficio, quien debe llevar hasta 300 casos de forma simultánea, lo que dificulta la certeza del estado jurídico de los internos. Esto se debe a que la mayoría no cuenta con los recursos para pagarse un abogado, pues el 42 por ciento de las personas privadas de su libertad tienen como grado máximo de estudios la secundaria.
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