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Se denuncia que existen presuntas violaciones a sus derechos humanos en los espacios de reclusión que afectan a las personas privadas de la libertad
MARIO LÓPEZ
El pasado miércoles 10 de abril, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC) y Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) confirmaron el inicio de una huelga de hambre en penales del Estado de México.
La protesta, encabezada por José Humbertus Pérez, fundador de PIDHAC, y familiares de personas privadas de la libertad, tiene como objetivo destacar la crisis alimentaria por la falta de agua, medicamentos y alimentos en estado de descomposición en las cárceles estatales.
Los ayunantes señalaron que, desde el comienzo de 2024, se ha observado un desabasto de alimentos y la entrega de alimentos putrefactos en penales como Otumba, Texcoco, Barrientos, Neza bordo, Chiconautla, Santiaguito, Tenango del Valle, Chalco y Sultepec durante el primer cuatrimestre del año.
En el pliego petitorio presentado se solicita que una comisión especial de la 61ª legislatura y organizaciones de derechos humanos supervisen regularmente la entrega de comida, medicamentos y agua potable en los centros de prevención.
También se exige transparencia al secretario de seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, y que explique sobre su separación del centro nacional de inteligencia y su acreditación en el examen de control y confianza.
Además, se demanda la separación inmediata de los directores de centros de readaptación social del Edomex que no cuenten con la certificación constitucional, así como la apertura de investigaciones contra los directores de ceresos como “Doctor Sergio García Ramírez”, a Bertín Arellano Flores y de Neza Bordo, en Nezahualcóyotl, a Verónica Jiménez, por presuntas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo tortura, malos tratos, asesinatos, extorsiones y amenazas a las personas privadas de la libertad (PPL).
Otra exigencia es la despresurización de las prisiones, con la liberación anticipada por razones humanitarias de enfermos y personas de la tercera edad que conforman el 46 por ciento de la población penitenciaria, aproximadamente 16 mil 100 PPL, que ya cumplen con los requisitos para obtener la libertad condicional.
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