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Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteará ante la FGR se reinicie la averiguación sobre casos de tortura ocurridos durante la “Guerra Sucia”
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
El ministro Juan Alcántara Carrancá, ordenará a la Fiscalía General de la República (FGR), reiniciar la averiguación y llegar a fondo, sobre los delitos de tortura ocurridos en 1972 en el estado de Guerrero, puntualmente durante el periodo de “Guerra sucia”.
Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, en conjunto con Flavia Cabañas Gómez, son las mujeres que impulsan el juicio, ya que denuncian que entre 1972 y 1973, fueron violados sus derechos humanos, deteniéndolas ilegalmente y llevándolas al punto de ser torturadas por cuerpos de la actualmente desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), esto con motivo de dar a conocer detalles sobre el paradero de su familiar.
La fecha pactada será este miércoles 20 de marzo, donde el ministro dará a presentar su propuesta ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tendrá como fin, confirmar un amparo concedido a las integrantes de la familia Cabañas torturas en 1972 en el estado de Guerrero.
Por esto medio, el ministro busca revocar la resolución dictada en 2022, en la cual la Fiscalía General de la República rechazó averiguar los sucesos denunciados, por considerarlos delitos ya prescritos.
Si se aprueba lo presentado ante la Fiscalía, esta, estará forzada a investigar de nuevo los sucesos considerando la información recopilada y hallada por personas del pasado Gobierno de Vicente Fox, y del actual de AMLO, esto para entender qué fue lo que ocurrió durante la llamada “Guerra Sucia”.
La propuesta no solo pretende ratificar el amparo, sino también, maximizar los alcances de la protección constitucional y llegar así al fondo de la investigación.
“El Ministerio Público deberá tomar en cuenta el Informe Histórico realizado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como el informe final de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos Durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70’s del estado de Guerrero”, afirma el proyecto.
El documento señala que contará con un año para dar a conocer la FGR si quedó la tortura denunciada, y accionar penalmente contra los responsables.
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al haber sido la tortura una práctica sistemática constituyó un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Si bien en aquella época no se tipificaba la tortura como delito, lo cierto es que en la actualidad se debió analizar dicha conducta delictiva”, detalla el proyecto.
“Las víctimas deberán hacer valer su derecho y conocer la verdad, ya que la tortura es un delito de lesa humanidad”, concluyó Juan Alcántara.
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