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Ana María Vázquez
@Anamariavazquez
En 1992, por “consejo” del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Estados Unidos, el entonces presidente, Carlos Salinas decretó la llamada Ley de Aguas Nacionales, fracturando el artículo 27 de la Constitución en el que se establece al agua como un bien común de la población.
El neoliberalismo sentaba sus bases y doctrina: favorecer a las empresas por encima de los ciudadanos, aunque ello implicara el despojo. Comenzaron a entregarse concesiones o “asignaciones” renovables, con una vigencia de 5 años a 30, prorrogables hasta 60 años y con permiso de comercialización, dando la anuencia de “traficar” con ella.
Se clasificaron en tres rubros: uso privado, público y social, pero el privado puede ser concesionario también del sector social, ampliando así los volúmenes establecidos originalmente.
A 32 años de esto, muchas de las concesiones debieron terminar, sin embargo, el tráfico de influencias ha dejado la puerta abierta para seguir explotando y sobreexplotando; más del 20% de este recurso está en manos de privados, empresarios a los que, a través de sus asociaciones civiles, poseen más de una concesión.
Kimberly-Clark cuyo dueño es Claudio X González ha sido uno de los más favorecidos, usa agua potable para la elaboración de: papel higiénico o toallas sanitarias, por mencionar solo algunos productos; a ello, se suman las concesiones que posee con sus múltiples asociaciones civiles. Otro ejemplo de es el del empresario de origen indio Lakshmi Mittal, dueño de la siderúrgica más grande del mundo, ArccelorMittal, cuya concesión anual de agua potable, es el equivalente a la capacidad de más de 100 Estadios Azteca.
CONAGUA, creada en 1989, sufre la primera (y única) modificación con el Salinato, la preferencia hacia el sector industrial y empresarial ha permanecido intacta y es urgente un reordenamiento que privilegie a los ciudadanos, esto lo sabe el sector empresarial y es una de las muchas regulaciones que deben hacerse.
“Devolverle al pueblo lo robado” es una de las consignas de la Cuarta Transformación, lo saben los empresarios que llaman “dictadura”, lo que es un acto de justicia. Hoy más que nunca, urge el Plan C, urge justicia social para todos y no parra unos cuantos.
