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Ante el aumento del delito el Gobierno Federal busca modificar el Código Penal Federal y aumentar la pena ante la extorsión en nuestro país.
JUAN R. HERNÁNDEZ
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, revela que diariamente se registran en México alrededor de 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones, muchas de las cuales no son denunciadas, creando una cifra negra significativa en este delito. Las entidades federativas con mayor incidencia de fraudes fueron Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato, según el informe elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2023, la extorsión fue uno de los delitos más frecuentes en México junto con fraude, robo o asalto en calle o transporte público. En 2022, la pérdida anual víctimas de extorsión ascendieron a 3,339 pesos, cifra mayor a la de 2021 cuando se estimó en 2,155.
Esa misma encuesta revela que la extorsión fue el delito con mayor cifra negra: 97.4%.
Ante esta problemática, las titulares de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, resaltaron la importancia de aprobar en términos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma enviada al Congreso de la Unión para tipificar la extorsión como un delito grave en el Código Penal Federal.
La reforma propuesta busca aumentar las penas para la extorsión, considerándola un delito contra la seguridad e integridad de las personas en lugar de un delito patrimonial. Se abordan diversas modalidades de extorsión, como el engaño telefónico, amenazas telefónicas, montachoques, montadeudas, exigencia bancaria, cobro de piso y monopolios en la distribución de productos.
El proyecto también contempla modificaciones a la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para desmantelar estructuras delictivas dedicadas a este crimen y llevarlas a juicio. Busca unificar a nivel nacional los tipos penales y sanciones, así como garantizar la reparación de daños a las víctimas.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez detalló que ante el aumento del 7.7% en las extorsiones en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2023, la iniciativa de reforma se presenta como una herramienta eficaz para combatir la extorsión y su diversificación, al tiempo que pretende prevenir la impunidad.
Al respecto, la responsable de la política interior del país, expresó su confianza en que los grupos parlamentarios respaldarán esta iniciativa en busca del bienestar y protección de la población.
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