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Proponen sancionar el Ejercicio Ilegal en la Administración Pública en la CDMX
JUAN R. HERNÁNDEZ
El PAN en el Congreso capitalino presentó una iniciativa destinada a sancionar y prevenir la ostentación fraudulenta de profesiones por parte de servidores públicos en la Ciudad de México, dedicada especialmente al titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara.
La propuesta busca alinear las designaciones en la administración pública con los principios constitucionales que garantizan una gestión eficaz y eficiente.
El diputado Luis Chávez, vocero del PAN, enfatizó que los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas deben ser seleccionados mediante procesos que evalúen sus méritos personales, instrucción y experiencia.
En un comentario directo, el panista criticó el caso del nombramiento de Ulises Lara López, alegando que obtuvo su título en Derecho gracias a influencias políticas.
Chávez señaló que algunos nombramientos responden a beneficios políticos o protección de intereses particulares, perjudicando el bienestar público. Hizo hincapié en la situación en la CDMX, acusando a la administración de Morena de corrupción y mencionando el controvertido nombramiento de Ulises Lara como ejemplo.
La iniciativa propone la creación de un nuevo artículo, el 259 BIS, en el Código Penal del Distrito Federal, que sancionaría el “servicio público fraudulento”. Este delito sería cometido por aquellos que trabajen en la administración pública sin tener los conocimientos necesarios o que se ostenten con un grado de estudios falso.
El artículo 259 BIS también penalizaría a los servidores públicos que presenten documentos falsos para respaldar sus credenciales educativas. La propuesta establece penas de dos a seis años de prisión para aquellos que, con conocimiento de su falta de preparación, ocupen cargos en la administración pública.
El diputado del PAN concluyó argumentando que para abordar de manera efectiva los delitos y atender a las víctimas, se requiere experiencia, preparación, méritos y no recomendaciones políticas. La iniciativa busca fortalecer la profesionalización y los valores éticos en la administración pública de la Ciudad de México.
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