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SEBASTIÁN RAMÍREZ
Hace un par de días, con todo el cinismo que caracteriza a los panistas, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, publicó el acuerdo que firmaron PRI y PAN para la elección del año pasado en Coahuila. Entre reclamos al gobernador priista, las fotos que anexa del convenio dejan ver cómo se repartieron el botín los dirigentes partidistas.
Se confirmó lo que ya se sabía: acordaron que el PRI conduciría al Frente en la elección de Coahuila y Estado de México; y por su parte el PAN impondría las candidaturas de la Ciudad de México y la Presidencia de la República. En el caso específico de Coahuila, el PAN pidió a cambio la titularidad del Instituto de la Transparencia, la ratificación de un magistrado -militante del PAN de toda la vida-, así como seis notarías.
Los mismos personajes que llevan meses desgarrándose las vestiduras defendiendo la supuesta autonomía del Poder Judicial y a los organismos autónomos que, de poco sirven, no tienen reparo hoy en exhibir que son ellos quienes los controlan y no solo eso, sino que no son más que objeto de sus negociaciones.
En un ejercicio de contricción y transparencia, el PRIAN debería informar si acuerdos como el de Coahuila, los celebran en todas las entidades en las que compite la coalición, específicamente en torno a la candidatura de Santiago Taboada en la Ciudad de México. En honor a la honestidad, deben informarle a la ciudadanía qué se prometieron en la Capital, qué organismos autónomos, magistraturas e incluso negocios del Cártel Inmobiliario acordaron repartirse.
Lo anterior es el reflejo más auténtico de lo que pasa cuando no les unen programas ni proyectos en común, y cuando no se sabe con qué motivo buscan hacerse del poder. Más grave, cuando conciben el servicio público como un botín para repartir entre las cúpulas partidistas.
