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Se detectaron más anomalías en la transición del trienio cuando brotó el Cártel inmobiliario
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – La alcaldía Benito Juárez desde 2021 acumula una cifra de 72 funcionarios que han recibido alguna sanción por parte de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, lo que posiciona a Santiago Taboada, quién ahora es precandidato del PAN por la jefatura de gobierno capitalina, como alguien que tuvo una administración deficiente.
Durante este año hasta el mes de noviembre, la Contraloría sancionó a 12 servidores públicos, según indicó el Órgano Interno de Control (OIC) de Benito Juárez en respuesta a una solicitud de información vía transparencia.
Cabe señalar que estos datos tuvieron que solicitarse a la Contraloría Capitalina. Aunque en BJ, ahora gobernada por el alcalde sustituto, Ismael Mata, debe hacer públicos los resultados de las sanciones en sus respectivos portales, está información no se encuentran disponible para los ciudadanos. De esta forma se impide el acceso a conocer el desempeño de los servidores públicos.
En 2022, la Contraloría sancionó a 25 funcionarios de la alcaldía y en 2021 la cifra llegó hasta los 35. De acuerdo con la respuesta de la institución capitalina, las sanciones que de aplicaron fueron desde apercibimientos privados, amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, suspensión del cargo, indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México e inhabilitaciones temporales para desempeñar cargos públicos.
El periodo de los 72 servidores sancionados corresponde al segundo trienio del reelecto Santiago Taboada en BJ, quien solicitó una licencia para separarse de su cargo y dejar a su director general de Asuntos Jurídicos como alcalde sustituto.
Durante el trienio salieron a la luz investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), en contra de funcionarios y exfuncionarios de Benito Juárez por su probable participación en el esquema de corrupción del Cártel Inmobiliario. Hasta el momento las áreas jurídicas, de obras y de administración, son las principales en tener investigaciones por permitir construcciones ilegales.
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