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JUAN R. HERNÁNDEZ
El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, ha expuesto públicamente irregularidades en decisiones judiciales que condujeron a la liberación de un presunto secuestrador y de un individuo encontrado en posesión de 6 mil pastillas de fentanilo.
Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Rodríguez Bucio señaló al juez Alejandro Alberto Díaz Cruz por ordenar la liberación de Juan N, basándose únicamente en una prueba presentada por la defensa.
El subsecretario detalló que el juez fundamentó su decisión en un video aportado por el abogado defensor, el cual sostenía que no nueve, sino 24 individuos participaron en la orden de cateo en la vivienda de Kevin N, donde se incautaron 6 mil pastillas de fentanilo.
Rodríguez Bucio acusó al juez de confundir a los elementos de protección perimetral con aquellos que ejecutaron el cateo. Según la argumentación del juez, esta confusión impedía tener certeza sobre quiénes realizaron la operación de cateo, lo que llevó a la liberación del individuo presuntamente implicado en actividades delictivas.
En otro caso, los magistrados del primer Tribunal Colegiado de Distrito en la Ciudad de México ordenaron la liberación de un presunto secuestrador, identificado como Juan N.
Los magistrados argumentaron que, aunque la persona fue identificada como partícipe en el delito, su detención no ocurrió en flagrancia. En consecuencia, consideraron que se violó el debido proceso, lo que llevó a la orden de liberación.
Estas decisiones judiciales han suscitado preocupación en cuanto a la correcta aplicación de la ley y el debido proceso en el sistema judicial, generando un debate sobre la interpretación de las pruebas y las circunstancias que justifican la detención o la liberación de individuos presuntamente implicados en actividades delictivas.
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