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ANTONIO ATTOLLINI
En cualquier democracia genuina, la separación de poderes es fundamental. El poder judicial, a menudo considerado como el guardián imparcial de la justicia, es una pieza clave en el rompecabezas de la república. Sin embargo, la creciente necesidad de cuestionar al poder judicial en la misma medida que cuestionamos al poder ejecutivo y legislativo se ha convertido en una urgencia en nuestra sociedad moderna.
En el corazón del modelo republicano, la rendición de cuentas es la piedra angular de una democracia saludable. Si bien los ciudadanos están acostumbrados a cuestionar las acciones de los líderes ejecutivos y legisladores, el poder judicial a menudo se escapa de este escrutinio público. ¿Por qué es crucial desafiar esta tendencia?
La historia de América Latina está marcada por un fenómeno alarmante conocido como “Lawfare”, un término que describe el uso indebido de la ley como un arma política para perseguir a adversarios y socavar la democracia. En muchos países de la región, hemos visto cómo el poder judicial, lejos de ser un baluarte de la justicia, se ha convertido en un instrumento para imponer la voluntad de unos pocos sin ser votado por el pueblo.
Este fenómeno alarmante subraya la importancia de cuestionar al poder judicial. La confianza en las instituciones democráticas se desvanece cuando las decisiones judiciales parecen estar influenciadas por agendas políticas o intereses particulares. Los ciudadanos deben tener la capacidad de cuestionar las decisiones judiciales y exigir transparencia y responsabilidad en todos los niveles del sistema judicial.
Desde una perspectiva académica, pensadores como Montesquieu advirtieron sobre los peligros de la concentración de poder en manos de una sola rama del gobierno.
La teoría de la separación de poderes aboga por un equilibrio donde cada rama se vigile mutuamente. En esta línea, es esencial que el poder judicial no esté exento de escrutinio público.
Cuestionar al poder judicial no implica desconfiar de cada decisión judicial, sino más bien promover la transparencia y la rendición de cuentas. En una república sólida, los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de analizar y criticar las decisiones judiciales que pueden tener un impacto significativo en sus vidas y en el rumbo del país.
En conclusión, la importancia de cuestionar al poder judicial dentro del marco del modelo republicano radica en la preservación de los valores democráticos. Debemos aprender de las lecciones de la historia y reconocer que un poder judicial robusto, pero también transparente y responsable, es esencial para la vitalidad de nuestra democracia. La verdadera fuerza de una república radica en su capacidad para cuestionar y corregir cualquier desviación del principio fundamental de servir al pueblo.
