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Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
Redacción Grupo Cantón
Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral, informó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al inaugurar los programas de capacitación Reforma a la Justicia de Familia y a la Justicia Civil en las Américas, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guerra Álvarez afirmó que los servidores públicos participantes tendrán la oportunidad de conocer los estándares internacionales y mejores prácticas procesales a partir de los sistemas jurídicos en otros países.
Con ello, abundó, se nutrirá la experiencia para la aplicación de los principios del juicio oral en cada una de las audiencias y en los casos que serán sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto comience a aplicarse el CNPCyF.
Guerra Álvarez se congratuló de que el PJCDMX sea el primer órgano de justicia local que accede a una capacitación de este tipo, lo que lo convierte en referente para las otras entidades, las cuales, a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), accederán de manera posterior a este modelo de formación.
En su oportunidad, la directora Ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, dijo que la forma de expresar compromiso con la impartición de justicia es el interés por capacitarse, por eso los cursos dotarán de bibliografía y videoclases que robustezcan el conocimiento jurídico y de gestión. Manifestó que este esfuerzo es mutuo e invitó a las y los participantes a capitalizar el conocimiento para ser referente no sólo en el país, sino en la región, procurando el debido proceso, la celeridad y eficiencia.
La presidenta del Consejo Directivo del CEJA, María Victoria Rivas, señaló que esta capacitación abre un diálogo regional, para analizar críticamente los procesos de reformas y con la entrega de información comparada de América Latina como una forma de incentivar a la reflexión e incorporar nuevas líneas de acción en las que se intercambie y analice datos para avanzar en este nuevo modelo de impartición de justicia que compense la deuda de acceso a la justicia que se tiene con la ciudadanía.
En tanto, la directora General del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paulina Cal y Mayor, precisó que, junto con la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil, Mercantil y de Extinción de Dominio, y del grupo de trabajo en torno a la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha desarrollado un plan de formación para los operadores judiciales; en este caso, se buscó un programa virtual que brindará un panorama más amplio de los procesos modificatorios de las legislaciones en Latinoamérica.
Precisó que el taller dedicado a la materia civil se compone de siete módulos, y el especializado en materia familiar está integrado por cinco fases, con lo que se provee a los alumnos de herramientas que fortalezcan el ejercicio diario de la impartición de justicia.
En representación de la Comisión y el Grupo de Apoyo para la implementación del CNPCyF, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo expuso que los participantes empezarán un entrenamiento intensivo en torno a simulación de audiencias, el cual les permita la estandarización para la aplicación del citado código, fortalecido desde la teoría y la práctica de políticas públicas internacionales.
En la ceremonia inaugural estuvieron los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Esperanza Hernández Valero y Andrés Linares Carranza; los magistrados Lucía Elizondo Téllez, Érika Zepeda García, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Élfego Bautista Pardo y Paul Martín Barba, así como los jueces Angélica Vázquez González, Cristina Espinosa Roselló, Teófilo Abdo Kuri y Francisco Neri Rosales.
