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Hay irregularidades en ejercicios del Presupuesto Participativo y los programas sociales
HÉCTOR QUEZADA.
Concejales de Benito Juárez, señalaron diversas deficiencias e irregularidades en el informe de gobierno del 2022 del alcalde, Santiago Taboada, entregado al Congreso capitalino en mayo de este año.
Fueron seis los puntos que señaló la concejala Patricia Alfaro, entre los que destacó como medulares, la falta de transparencia, además de lo ejercido con el Presupuesto Participativo y los programas sociales, pues son temas que directamente afectan e influyen en la calidad de vida de los vecinos de la alcaldía.
Alfaro declaró que es evidente la mala ejecución de los proyectos realizados con el Presupuesto Participativo, pues no concuerdan con lo pedido por los promoventes, además de que la alcaldía ha negado el acceso a la información sobre las empresas responsables de ejecutar estas obras.
Para el Presupuesto Participativo del año pasado, se erogaron más de 4.6 mdp en la rehabilitación de camellones, compra de patrullas y colocación de luminarias en la alcaldía, sin embargo, Alfaro indicó que la demarcación no detalló de manera activa el avance de los proyectos y no se ejecutaron conforme a los procedimientos que establece el marco jurídico.
Además, la alcaldía registró el porcentaje más bajo de participación en la capital, pues los obstáculos, la deficiencia en la realización y la falta de transparencia desmotivan a los vecinos a participar en los procesos.
Por lo anterior, señaló que, en 2022, se interpusieron 335 recursos de revisión por deficiencias en solicitudes de transparencia, de los cuales, únicamente se resolvieron 91, es decir, solo se dio cumplimiento al 27 por ciento de estas quejas, alegando que la alcaldía se ha negado a entregar información que es pública y por obligación se tiene que entregar.
Patricia Alfaro, destacó que desde 2018, año en que Taboada llegó a la alcaldía, el presupuesto destinado para el programa social de estancias infantiles, de los más de 11.4 MDP, únicamente se han erogado 7.7 mdp, sin especificar la inversión de más de 3.6 mdp.
La concejal indicó, que su función como representante de la ciudadanía, es revisar y evaluar las acciones del gobierno, por lo que no permitirá que la opacidad vulnere los derechos cívicos de los ciudadanos.
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