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En una investigación, la Auditoría Superior de la CDMX encontró que reglas de operación fueron publicadas después de lo que indica la ley
Omar Montalvo
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) fue investigada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), debido a que la implementación de sus programas sociales ha tenido bajo impacto. La conclusión a la que llegó el organismo es que la dependencia capitalina publicó las reglas de operación fuera de tiempo.
En el segundo informe parcial de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021, la auditoría determinó que en la investigación ASCM/20/21 a la SEPI “la publicación de las reglas de operación de uno de sus programas sociales fue posterior a lo establecido en la Ley y Reglamento que regulan la materia”.
La revisión hecha por la autoridad fiscalizadora fue al programa social “Ojtli: comunicación terrestre para el Bienestar 2021”, cuyo objetivo es mejorar la movilidad de las personas que habitan los pueblos y barrios de la Ciudad de México, entregando recursos económicos para implementar los proyectos.
En 2021, la SEPI destinó a ese programa 50 millones de pesos, que serían ejercidos hasta para 15 proyectos, con un máximo de 9 beneficiarios que otorgarían servicios técnicos y 10 con servicios sociales. Para el 2022 la asignación presupuestal se incrementó a 100 millones de pesos, con el propósito de duplicar también el número de beneficiarios.
Aunque el objetivo de la SEPI es contribuir a la infraestructura de las comunidades originarias, en los últimos dos años, los colectivos y representaciones oficiales que integran el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de Anáhuac (FDDPBOCA) se han pronunciado en contra de la actividad política de la dependencia a cargo de Laura Ruiz Mondragón.
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