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Salvador Guerrero Chiprés
La voluntad está más en los hechos que en las palabras.
El combate a los talamontes y la legislación que redefine el suelo rural como de conservación son evidencia de una decisión de interés público encabezada por el Gobierno de la CDMX y respaldada por una ciudadanía que en 2019 inició denuncias sistemáticas sobre los depredadores de la naturaleza quienes, además, estaban vinculados con otros delitos incluido eventualmente hasta el secuestro.
La tala ilegal es un problema añejo, con daños anuales a nivel nacional equivalentes a seis veces y media la superficie del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En los límites de la capital nacional y Morelos su presencia ha sido documentada y denunciada por pobladores.
La defensa del suelo de conservación, emprendida por Claudia Sheinbaum Pardo y continuada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encuentra evolución y nuevo fundamento en la reforma a la Constitución de la CDMX publicada este lunes en la Gaceta Oficial.
En la CDMX el suelo de conservación representa 60% del territorio y concentra 12% de la biodiversidad del país.
La Constitución local de 2017 consideró tres tipos de suelo: urbano, de conservación y rural. En este último se podía talar, modificar la tierra para desarrollar agricultura, desarrollar vivienda y actividades turísticas, sobre todo en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
La decisión política de suprimir “rural” y enfatizar “conservación” atiende necesidades y expectativas de los comuneros, promueve el desarrollo urbano ordenado y se presenta en un contexto de acciones contra los talamontes.
Y debe mencionarse: 28 aserraderos clandestinos y 32 madererías cerradas, además del decomiso de mil 200 trozas de madera en Huitzilac, Morelos.
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