Visitas
insta al Gobierno a que siga trabajando para encontrar a los estudiantes extraviados y dar con los responsables
REDACCIÓN
grupo cantón
CIUDAD DE MÉXICO.-Una vez que el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) entregara su sexto y último informe de las investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y anunciara su salida del país al Ejecutivo Federal, pidió a las autoridades que se haga justicia y se llegue a las últimas consecuencias.
Los especialistas apuntaron que luego que abandonen suelo mexicano el caso no se cierra, pero es importante que el Gobierno federal se comprometa a seguir con las indagatorias y conocer el paradero de los normalistas privados de su libertad.
“Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje. El amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, es ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos”, expuso la agrupación.
Exhortó, mediante una serie de recomendaciones, a que el Ejecutivo Federal busque hacer justicia. Recordó que, pese a contar con pruebas convincentes, desde las autoridades federales, en particular durante el sexenio pasado, se toparon con obstáculos que les impedían avanzar en las indagatorias.
Entre los resultados positivos que se obtuvieron, está la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) inculpado por los cargos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por los cuales la FGR solicitó 82 años de prisión.
Entre las revelaciones se dio a conocer que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien en la actualidad está prófugo de la justicia en Israel, es imputado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.
Uno más de los presuntos responsables fue el alcalde de Iguala, Guerrero, en ese entonces, el perredista José Luis Abarca, en quien originalmente pesó el cargo de secuestro por el cual recibió condena de 92 años, sin embargo, un juez federal lo absolvió y se le anuló dicha sentencia.
Te puede interesar: En vacaciones, aumento de accidentes domésticos.
