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Personal de la Fiscalía y policías estatales son los principales señalados
Omar Montalvo
Ciudad de México. – Aún en pleno siglo veintiuno, las autoridades encargadas de impartir justicia del Estado de México se comportan como si fuera la época medieval, ya que hasta el corte de 2022 se detectaron al menos 755 expedientes de quejas por personas que pidieron no ser sometidas a torturas, además de víctimas por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En respuesta a una solicitud de información, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) indicó que en los dos años anteriores recibieron 383 expedientes de quejas por haber sido víctimas de tortura, con 198 casos en 2021 y 185 durante 222.
A dicha cifra de la CODHEM se le suman 372 expedientes quejas por víctimas que señalan fueron sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estos, 188 ocurrieron en 2021 y 184 en 2022.
El total de quejas por violaciones a los derechos humanos responsabiliza en varias ocasiones a más de una autoridad, aunque los funcionarios públicos más señalados pertenecen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EM) ya que hay una cifra de ambos años que asciende a 513 quejas por los abusos de autoridad anteriormente señalados.
A la FGJ EM, por abusos de autoridad en 2021 y 2022 le siguen el Tribunal Superior de Justicia mexiquense con 85; la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México con 70 casos; la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) con 55 incidentes; y el Poder Judicial del Estado de México con 30 casos.
Todas las autoridades anteriores están encargadas directamente de impartir justicia pero son las primeras en romper la ley, ya que desde hace casi 20 años en la entidad mexiquense se castiga con tres a doce años a quiénes cometan el delito de tortura.
Algunas de las formas en que las autoridades mexiquenses abusan de su autoridad son las detenciones arbitrarias ya que en 2022 se registraron hasta 2 mil, el uso excesivo de la fuerza con un registro de al menos mil 200 casos, y la violencia policial en mil 500 denuncias, según diversas organizaciones de derechos humanos.
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