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Necesario más recursos y leyes
Mario López
ESTADO DE MÉXICO.- En los penales mexiquenses no hay una protección oportuna a las niñas y niños, pues después de los tres años se les da se la atención en igualdad de condiciones en todos los servicios al igual que los adultos, ya no hay políticas públicas ni leyes necesarias para la protección de sus derechos. Además, no se asignan recursos suficientes para la atención de sus necesidades y para proteger el interés superior de la niñez.
Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario federal y estatales 2022 a nivel nacional se reportaron 344 personas menores de 6 años qué permanecieron con sus madres Privadas de la Libertad internadas en los centros penitenciarios federales estatales de los cuales 156, o sea el 45.3%, fueron niños y 188, o sea al 54.7%, niña.
En primer lugar está la Ciudad de México con 44 menores, Tampico con 27 y el estado de México con 26 niños menores de 6 años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad penitenciarios federales estatales; seguidos por Veracruz y Guerrero, con 25, respectivamente; e Hidalgo, con 18, y el resto en forma descendente, en otros estados
Cabe destacar que en comparación con 2020, la cifra de personas menores de 6 años que permanecieron con sus madres presentan una disminución del 12.2 % en 2021.
Asimismo, el censo arrojó que la entidad que concentró la mayor cantidad de egresos fue Baja California con 11 mil 416 PPL seguido por el Estado de México con 9 mil 215.
En ese sentido, la diputada Karina Labastida Sotelo, informó que la guardia y custodia de menores de edad es de 3 años en centros penitenciarios, pero hay niños de hasta 6 años que requieren de un diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para su protección en el Estado de México.
Señaló que los centros penitenciarios están a cargo de la Secretaría de Seguridad, la cual para el ejercicio fiscal 2021 recibió un presupuesto de 17,800 millones 679,036 para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema penitenciario.
Este recurso, explicó, debía enfocarse en dos estrategias: “incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones penitenciarias, para implementar mecanismos para la reinserción social “y se estableció proteger los derechos humanos de población vulnerable” con estrategias dirigidas a reforzar los programas de respeto de los Derechos Humanos en reclusorios, agencias del ministerio público y órganos jurisdiccionales.
De acuerdo a la información pública de los centros penitenciarios federales y estatales solo 34 cuentan con espacios para la educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad.
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