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Antonio Attolini Murra
Manolo Jiménez, de manera paralela a su carrera política, se ha vuelto un contratista relevante en el sector inmobiliario, al ser socio de dos empresas: Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios Dimasa y JISA Bienes Raíces; también fue vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (Canadevi). ¡De JISA Bienes Raíces solamente ha recibido 35 licencias de construcción y uso de suelo en el Saltillo que gobernó!
Actualmente, los expedientes no se encuentran disponibles en los portales de transparencia y resulta que uno de los propietarios de la empresa beneficiaria
es el propio Manolo, quien es dueño del 11% del capital social; el resto lo comparten su padre, Manolo Jiménez Flores, su madre, Beatriz Liliana Salinas Valdés, y su hermano, Diego Alonso Jiménez Salinas.
Dicha empresa cuenta con un historial de contrataciones en la administración del estado. Entre 2013 y 2016, recibió contratos del gobierno de Rubén Moreira en el que las Secretarías de Infraestructura, Finanzas y el Instituto Coahuilense de Infraestructura le asignaron obras por más de 25 millones de
pesos. Por si todo lo anterior fuera poco, entre 2018 y 2019, JISA estuvo inscrita en el padrón de proveedores y contratistas de la Universidad Autónoma de Coahuila, y también en el de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado en 2017.
Todo reportado por el compañero Hiroshi Takahashi y confirmado por Sandra Romandía, quien fuera la moderadora del primer debate de candidatos organizado por el IEC. Además, la empresa presenta irregularidades en el pago de sus obligaciones patronales ante el IMSS, pero se ha librado de las sanciones gracias a las opacas y cuestionables resoluciones del poder judicial, de tal manera que la inmobiliaria de Manolo Jiménez ha estado en impago, sin el estatus de evasor.
En junio de 2019, narra Takahashi, la subdelegación del Seguro Social en Saltillo emitió dos resoluciones en las que ordenaba a JISA el pago de primas para la cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente al periodo de marzo de 2018 a marzo de 2020, sin embargo, la empresa presentó un juicio de nulidad y, contra todo sentido de justicia, ganó.
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