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Jorge Gómez Naredo
Ayer, 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron invalidar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, que había aprobado el Congreso
de la Unión vía una reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo 3 ministros votaron en contra de esta decisión: Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. Esta decisión de los 8 ministros, demuestra tres elementos que me parecen fundamentales.
1) Los ministros que votaron en contra de la transferencia esgrimieron argumentos leguleyos, es decir, no pusieron el interés de la población mexicana como un elemento a tomar en cuenta, ni la negra historia de las corporaciones policíacas en los últimos 30 años. Sólo dijeron que la GN era una institución civil, y no podría ser dirigida por militares. No pensaron, pues, en el pueblo, en la seguridad de la población, en el bienestar de la gente. Y eso, para un ministro, por más que deba “interpretar” las leyes, es inadmisible.
2) Ahora bien, nadie debe engañarse: Los 8 ministros que votaron en contra de transferir la GN a la Sedena, obedecieron intereses más allá de los legales. Es claro que la SCJN se ha consolidado, más que como un espacio para la justicia, como un bastión de los grupos conservadores. Buena parte de los ministros obedecen a intereses de grupo, y fue claro que, en la votación de ayer, actuaron no como defensores de la justicia, sino de los intereses de grupo. Tan fue así que la oposición celebró la “decisión” tomada.
3) Quien resulta perjudicado con esta decisión no es el presidente de México ni Morena, sino el pueblo. Y es que, en un futuro, bajo autoridades civiles, la GN puede convertirse en una de las muchas instituciones que, durante los últimos 30 años, se corrompieron y produjeron personajes como el mismísimo Genaro García Luna. Su decisión podrá afectar el plan de paz por el cual, en 2018, votaron más de 30 millones de mexicanos.
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