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Sebastián Ramírez Mendoza
Hace unos días la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos cometidos contra estudiantes de nivel superior y medio
superior. Lo anterior después del incremento acelerado de manifestaciones en varias universidades y bachilleratos por denuncias de violencia dentro de los planteles.
Esto se trata de una demanda de muchos años atrás, pues en algunos centros educativos el problema se ha vuelto sistemático. La Ciudad de México no es el único lugar en el que esto ocurre, recordemos que en 2019 en el marco de las protestas del 8M, una enorme lista de universidades públicas y privadas de todos los estados se sumaron en distintas actividades a denunciar lo que sucedía. Quienes están al frente de los poderes ejecutivos en las entidades, así como sus policías y secretarías de seguridad, tienen el deber de prevenir la violencia en general. Específica mente en la Ciudad de México se han puesto en marcha políticas
públicas que son realmente punta de lanza en este sentido, y algo que hace toda la diferencia, es que al inicio de su sexenio, la Jefa de Gobierno presentó una iniciativa para que la Policía de la Ciudad de México tuviera también la facultad de investigar delitos.
Sin perjuicio de lo anterior, los esfuerzos de los gobiernos no pueden garantizar una protección plena sin la labor de quienes se encargan de perseguir delitos e impartir justicia . Es por esto que la decisión de la Fiscal Godoy de destinar recursos y esfuerzos para un tema tan específico como la violencia que se vive en los centros escolares, es tan valiosa; esto y el hecho de que hoy tenemos en la Ciudad una Fiscalía verdaderamente cercana a la gente, que lejos de los protocolos a los que estrictamente la obliga la ley, también es dinámica y responde a las demandas puntuales y cambiantes de la ciudadanía.
