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Ayer se reunieron representantes de 10 colonias para arrancar el proceso y recabar 36 mil 911 firmas para revocar el mandato del alcalde de Benito Juárez
Sadit Gabriel
La tarde de ayer, más de 10 representantes de diversas colonias se reunieron en el número 279 de la calle Javier Sorondo, en la colonia Villa de Cortés, para organizarse e iniciar el proceso de revocación de mandato del actual alcalde en la Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, ello por estar ligado a presuntos actos de corrupción inmobiliaria y otras problemáticas en la zona.
CIFRAS Y PROCESO
De acuerdo con datos compartidos por el exdirector jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, si los habitantes de la alcaldía Benito Juárez quieren revocar el mandato a Santiago Taboada para agosto de 2023, necesitarían recabar un 10% del padrón electoral actualizado del área, es decir, requerirían 36 mil 911 firmas o un poco más para iniciar dicho proceso. Luego, tras haber transcurrido la primera mitad del trienio de Taboada, el Instituto Electoral de la Ciudad de México debe encargarse de convocar a los mismos funcionarios de casilla del último proceso electoral (2021). De esta forma, para hacervinculatorio el resultado, se necesitaría un 40% de votación, o 147 mil papeletas emitidas para el día del ejercicio electoral; de ese 40%, se requiere que 60% de votantes hayan sufragado contra Taboada para quitarle su puesto.
HARTOS DE CORRUPCIÓN
Dentro de la reunión antes citada, habitantes manifestaron a medios de comunicación estar hartos del Partido Acción Nacional porque ya pasaron más de 2 décadas de las mismas prácticas de corrupción, despojo, opacidad y abuso a los habitantes de la Benito Juárez.
En ese sentido, Ricardo Guerrero, vecino de la colonia Américas Unidas, quien además ya le ganó una demanda penal a la alcaldía, denunció lo que es ya el inicio de un Fobaproa inmobiliario apadrinado por Taboada y sus predecesores. Ya se creó un Fobaproa inmobiliario, porque vecinos tendrán que pagar entre 10 y 20 mil pesos a largo plazo debido a las irregularidades causadas por el Cártel Inmobiliario”. “Además, cerca de un 80% de los edificios nuevos en la BJ, son ilegales. Hemos ido a preguntar a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coinciden en que la situación de la BJ es ilegal y si pedimos solicitudes a la alcaldía,
no existen las bitácoras de construcción, aunque la Seduvi tiene la obligación de revisar los procedimientos de construcción, y no lo hace”.
“Solo les quiero dar un dato, no hay menos de 25 mil personas dañadas por temas de departamentos y no estoy hablando de lo que ya sabemos del mafia inmobiliaria, hablo de la separación de colindancias. Puede costar hasta 10 millones reforzar un edificio por no tener separación de colindancias. Pero en unos años, seguro costará hasta 15 o 20 millones”, declaró Guerrero.
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